Durante el Seminario Permanente Derecho del Cambio Climático y Gobernanza de la UNAM, Guadalupe Asunción Valdés Osorio, integrante del Instituto Nacional de Ciencias Penales, hizo un llamado urgente para tipificar el ecocidio como un delito penal. La especialista señaló que la gravedad y complejidad de los daños ambientales contemporáneos, como los derrames de petróleo, han dejado superada la postura de que la protección de la naturaleza puede resolverse únicamente mediante el derecho administrativo. Por ello, argumentó que la sociedad requiere el respaldo de la justicia penal, tanto a nivel nacional como internacional, para asegurar que exista una proporcionalidad adecuada entre la gravedad de las conductas destructivas y las sanciones impuestas. Debido a que el medio ambiente es un bien jurídico de valor universal con un impacto directo en la supervivencia humana, la académica destacó que, aunque los individuos pueden cometer estos actos, la mayoría de los casos involucra a empresas y colectivos corporativos.
Ante esta realidad, se plantea la necesidad de que estos crímenes sean juzgados en el ámbito internacional por tribunales como la Corte Penal Internacional o mediante una corte especializada en delitos ambientales. Esto abriría la posibilidad de sancionar de manera efectiva tanto a particulares como a Estados en casos de incumplimiento masivo del deber de cuidado. Finalmente, la experta detalló que el ecocidio implica un deterioro severo y sustancial de los recursos naturales y las funciones ecológicas esenciales, lo cual detona crisis humanas graves como enfermedades crónicas, pérdida de territorios, el desplazamiento forzado de comunidades indígenas y agresiones contra activistas ambientales. A pesar de la magnitud de este problema, actualmente existe un marcado vacío legal: el ecocidio solo se menciona explícitamente en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, mientras que en México aún no está tipificado en el Código Penal Federal ni en los códigos estatales, lo que vuelve urgente una reforma legal integral para perseguir estas conductas de forma eficaz.
Fuente: Infobae, 09 de junio de 2026.